Manifiesto de la Revolución del Parque (26 de julio de 1890)

Lunes, 25 de Julio de 2005 por Juventud Radical

Accedé aquí al Manifiesto de la Junta Revolucionaria del Parque, del 26 de Julio de 1890, firmado por Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Mariano Goyena, Juan José Romero y Lucio V. López.

Manifiesto de la Junta Revolucionaria del Parque
26 de Julio de 1890

Al Pueblo:

El patriotismo nos obliga a proclamar la revolución como recurso extremo y necesario para evitar
la ruina del país. Derrocar un gobierno constitucional, alterar sin justo motivo la paz pública y el
orden social, sustituir el comicio con la asonada y erigir la violencia en sistema político, sería
cometer un verdadero delito de que nos pediría cuenta la opinión nacional. Pero acatar y mantener
un gobierno que representa la ilegalidad y la corrupción; vivir sin voz ni voto la vida pública de un
pueblo que nació libre; ver desaparecer día por día las reglas, los principios, las garantías de toda
administración pública regular, consentir los avances al tesoro, la adulteración de la moneda, el
despilfarro de la renta; tolerar la usurpación de nuestros derechos políticos y la supresión de
nuestras garantías individuales que interesan a la vida civil, sin esperanza alguna de reacción ni de
mejora, porque todos los caminos están tomados para privar al pueblo de gobierno propio; y
mantener en el poder a los mismos que han labrado la desgracia de la república; saber que los
trabajadores emigran y que el comercio se arruina, porque, con la desmonetización del papel, el
salario no basta para las primeras necesidades de la vida y se han suspendido los negocios y no se
cumplen las obligaciones; soportar la miseria dentro del país y esperar la hora de la bancarrota
internacional que nos deshonraría ante el extranjero; resignarse y sufrir todo fiando nuestra suerte
y la de nuestra posteridad a lo imprevisto y a la evolución del tiempo, sin tentar el esfuerzo
supremo, sin hacer los grandes sacrificios que reclama una situación angustiosa y casi
desesperada, sería consagrar la impunidad del abuso, aceptar un despotismo ignominioso,
renunciar al gobierno libre y asumir la más grave responsabilidad ante la patria, porque hasta los
extranjeros podrían pedirnos cuenta de nuestra conducta, desde que ellos han venido a nosotros
bajo los auspicios de una constitución que los ciudadanos hemos jurado y cuya custodia nos
hemos reservado como un privilegio, que promete justicia y libertad a todos los hombres del
mundo que vengan a habitar el suelo argentino.
La Junta Revolucionaria no necesita decir al pueblo de la nación y a las naciones extrañas los
motivos de la revolución, ni detallar cronológicamente todos los desaciertos, todos los abusos,
todos los delitos, todas las iniquidades de la administración actual. El país entero está fuera de
quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de todas partes: no
hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay administración, no
hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa.
El presidente de la república ha dado el ejemplo, viviendo en la holgura, haciendo la vida de los
sátrapas con un menosprecio inaudito por el pueblo y con una falla de dignidad que cada día se ha
hecho más irritante. Ni en Europa ni en América podía encontrarse en estos tiempos un gobierno
que se le parezca; la codicia ha sido su inspiración, la corrupción ha sido su medio. Ha extraviado
la conciencia de muchos hombres con las ganancias fáciles e ilícitas, ha envilecido la
administración del Estado obligando a los funcionarios públicos a complacencias indebidas y ha
pervertido las costumbres públicas y privadas prodigando favores que representan millones. El
mismo ha recibido propinas de cuanto hombre de negocio ha mercado en la nación, y forma parte
de los sindicatos organizados para las grandes especulaciones, sin haber introducido capital ni
idea propia, sino la influencia y los medios que la constitución ponía en sus manos para la mejor
administración del Estado. En cuatro años de gobierno se ha hecho millonario, y su fortuna
acumulada por tan torpes medios se exhibe en bienes valiosísimos cuya adquisición se ha
anunciado por la prensa. Su participación en los negocios administrativos es notoria, pública y
confesada. Los presentes que ha recibido, sin noción de la delicadeza personal, suman cientos de
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miles de pesos y constan en escrituras públicas, porque los regalos no se han limitado a objetos de
arte o de lujo; han llegado a donaciones de bienes territoriales, que el público ha denunciado como
la remuneración de favores oficiales. Puede decirse que él ha vivido de los bienes del Estado y que
se ha servido del erario público para constituirse un patrimonio propio. Su clientela le ha imitado;
sujetos sin profesión, sin capital, sin industria, han esquilmado los bancos del Estado, se han
apoderado de las tierras públicas, han negociado concesiones de ferrocarriles y puertos y se han
hecho pagar su influencia con cuantiosos dineros.
En el orden público ha suprimido el sistema representativo hasta constituir un Congreso unánime
sin discrepancia de opiniones, en el que únicamente se discute el modo de caracterizar mejor la
adhesión personal, la sumisión y la obediencia pasiva. El régimen federativo ha sido escarnecido;
los gobernadores de provincia, salvo rara excepción, son sus lugartenientes; se eligen, mandan,
administran y se suceden según su antojo: rendidos a su capricho. Mendoza ha cambiado en horas
de gobernador como en los tiempos revueltos de la anarquía. Tucumán presenció una jornada de
sangre, fraguada por la intriga para incorporarla al sistema del monopolio político; no ha habido
elección de gobernador que no haya sido otra cosa que un simple acto de comercio. Entre Ríos,
bajo la ley marcial, acaba de recibir la imposición de un candidato resistido por la opinión pública.
Córdoba ha sido el escenario de un juicio político inventado para arrojar del gobierno a un hombre
de bien: hoy día es un aduar; la sociedad sobrecogida vive con los sobresaltos de los tiempos de
Bustos y Quiroga. Las demás provincias argentinas están reducidas a feudos: Salta, la noble
provincia del norte, ha sido enfeudada y enfeudadas están igualmente al presidente, Santiago y
Corrientes, La Rioja, Jujuy, San Luis y Catamarca. Jamás argentino alguno ejerció mando más
ofensivo ni más deprimente para las leyes de una nación libre.
En el orden financiero los desastres, los abusos, los escándalos, se cuentan por días. Se han hecho
emisiones clandestinas para que el Banco Nacional pague dividendos falsos, porque los
especuladores oficiales habían acaparado las acciones y la crisis sorprendió antes de que pudieran
recoger el botín. El ahorro de los trabajadores y los depósitos del comercio se han distribuido con
mano pródiga en el círculo de los favoritos del poder que han especulado por millones y han vivido
en el fausto sin revelar el propósito de cumplir jamás sus obligaciones. La deuda pública se ha
triplicado, los títulos a papel se han convenido, sin necesidad, en títulos a oro, aumentando
considerablemente las obligaciones del país con el extranjero; se han entregado a la especulación
más de cincuenta millones de pesos oro que había producido la venta de los fondos públicos de
los bancos garantidos, y hoy día la nación no tiene una sola moneda metálica y está obligada al
servicio en oro de más de ochenta millones de títulos emitidos para ese fin; se vendieron los
ferrocarriles de la nación para disminuir la deuda pública, y realizada la venta se ha despilfarrado
el precio; se enajenaron las obras de salubridad, y en medio de las sombras que rodean ese
escándalo sin nombre, el pueblo únicamente ve que ha sido atado, por medio siglo, al yugo de una
compañía extranjera, que le va a vender la salud a precio de oro; los bancos garantidos se han
desacreditado con las emisiones falsas; la moneda de papel está depreciada en doscientos por
ciento y se aumenta la circulación con treinta y cinco millones de la emisión clandestina, que se
legaliza, y con cien millones, que se disfrazan con el nombre de bonos hipotecarios, pero que son
verdadero papel moneda, porque tienen fuerza cancelatoria; cuando comienza la miseria se
encarece la vida con los impuestos a oro; y después de haber provocado la crisis más intensa de
que haya recuerdo en nuestra historia, ha estado a punto de entregar fragmentos de la soberanía
para obtener un nuevo empréstito, que también se habría dilapidado, como se ha dilapidado todo
el caudal del Estado.
Esta breve reseña de los agravios que el pueblo de la nación ha sufrido, está muy lejos de ser
completa. Para dar idea exacta sería necesario formular una acusación circunstanciada y prolija de
los delitos públicos y privados que ha cometido el jefe del Estado contra las instituciones, contra el
bienestar y el honor de los argentinos. El pueblo la hará un día y requerirá su castigo, no para
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calmar propósitos de venganza personal, sino para consagrar un ejemplo y para dejar constancia
de que no se puede gobernar la república sin responsabilidad y sin honor.
Conocemos y medimos la responsabilidad que asumimos ante el pueblo de la Nación; hemos
pensado en los sacrificios que demanda un movimiento en el que se compromete la tranquilidad
pública y la vida misma de muchos de nuestros conciudadanos; pero el consejo de patriotas
ilustres, de los grandes varones, de los hombres de bien, de todas las clases sociales, de todos los
partidos, el voto íntimo de todas las provincias oprimidas, y hasta el sentimiento de los residentes
extranjeros, nos empuja a la acción y sabemos que la opinión pública bendice y aclama nuestro
esfuerzo, sean cuales fueren los sacrificios que demande.
El movimiento revolucionario de este día no es la obra de un partido político. Esencialmente
popular e impersonal, no obedece ni responde a las ambiciones de círculo u hombre público
alguno. No derrocamos el gobierno para separar hombres y sustituirlos en el mando; lo
derrocamos para devolverlo al pueblo a fin de que el pueblo lo reconstituya sobre la base de la
voluntad nacional y con la dignidad de otros tiempos, destruyendo esta ominosa oligarquía de
advenedizos que ha deshonrado ante propios y extraños las instituciones de la república. El único
autor de esta revolución, de este movimiento sin caudillo, profundamente nacional, larga,
impacientemente esperada, es el pueblo de Buenos Aires que, fiel a sus tradiciones, reproduce en
la historia una nueva evolución regeneradora que esperaban anhelosas todas las provincias
argentinas.
El ejército nacional comparte con el pueblo las glorias de este día; sus armas se alzan para garantir
el ejercicio de las instituciones. El soldado argentino es hoy día, como siempre, el defensor del
pueblo, la columna más firme de la constitución, la garantía sólida de la paz y de la libertad de la
república. La Constitución es la ley suprema de la Nación, es tanto como la bandera, y el soldado
argentino que la dejara perecer sin prestarle su brazo, alegando la obediencia pasiva, no sería un
ciudadano armado de un pueblo libre, sino el instrumento o el cómplice de un soberano déspota.
El ejército no mancha su bandera ni su honor militar, ni su bravura, ni su fama, con un motín de
cuartel. Sus soldados, sus oficiales y sus jefes han debido cooperar y han cooperado a este
movimiento, porque la causa del pueblo es la causa de todos; es la causa de los ciudadanos y del
ejército; porque la patria está en peligro de perecer y porque es necesario salvarla de la catástrofe.
Su intervención contendrá la anarquía, impedirá desórdenes, garantizará la paz. Esa es su misión
constitucional y no la tarea oscura, poco honrosa, de servir de gendarmería urbana para sofocar
las libertades públicas.
El período de la revolución será transitorio y breve; no durará sino el tiempo indispensable para
que el país se organice constitucionalmente. El gobierno revolucionario presidirá la elección de tal
manera que no se suscite ni la sospecha de que la voluntad nacional haya podido ser sorprendida,
subyugada o defraudada. El elegido para el mando supremo de la nación será el ciudadano que
cuente con la mayoría de sufragios, en comicios pacíficos y libres, y únicamente quedarán
excluidos como candidatos los miembros del gobierno revolucionario, que espontáneamente
ofrecen al país esta garantía de su imparcialidad y de la pureza de sus propósitos.

Por la Junta Revolucionaria
Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Mariano Goyena, Juan José Romero,
Lucio V. López
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